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La Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa Pavanelli, dice: “Estamos orgullosos de trabajar al frente del creciente movimiento mundial que exige justicia fiscal y la rendición de cuentas con respecto al gasto público por el bien común. La redistribución de la riqueza que los/las trabajadores/as ayudan a crear no es una opción, sino una obligación”.
Las cifras de la OCDE muestran que el valor de los servicios públicos equivale al 75% de la renta disponible de la quinta parte más pobre de la población. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad no solamente redistribuye los ingresos, sino que potencia las oportunidades a través de la mejora de la salud y la educación. Cuando el 1% de la población mundial controla el 39% de la riqueza mundial (y el porcentaje sigue creciendo), los impuestos también importan. Según las cifras de la OCDE, los países en vías de desarrollo pierden una cantidad tres veces superior a la que reciben en ayuda cada año de ingresos debido a los paraísos fiscales.
“Si necesitamos más argumentos, además de las pruebas en nuestras comunidades,”- dice Pavanelli - “podemos estudiar el caso de Brasil, donde se ha apoyado con inversiones públicas una política de crecimiento económico y donde la ampliación de la protección social a millones de personas ha reducido tremendamente la pobreza y las desigualdades y ha mejorado las condiciones de vida. Sin embargo, esto es solamente el principio y los/las brasileños/as están exigiendo legítimamente los servicios públicos que les corresponden, financiados por impuestos justos. Es por ello que la PSI está comprometida firmemente con la campaña a favor de la adopción del impuesto sobre las transacciones financieras y está asumiendo un papel activo en la alianza más amplia a favor de la justicia fiscal”.
Hasta la fecha, más de 230 organizaciones (incluidas muchas afiliadas de la PSI) han firmado una declaración de compromiso con una campaña conjunta de movilización por la justicia fiscal, The Fair Share Commitment. La declaración pone de relieve la indignación que siente toda la sociedad civil ante el hecho de que las empresas y los ricos de todo el mundo no paguen los impuestos que les corresponden y la necesidad apremiante de contar con una justicia fiscal.
Afiliadas de la PSI y aliados de la sociedad civil de varios países, como Egipto, India, Ghana, Uganda y Japón, han organizado en junio en el marco de la campaña a favor de la justicia fiscal actividades que están relacionadas con el Día Mundial de los Servicios Públicos. La Semana de Acción Europea de la FSESP No Austerity, Yes Tax Justice (No a la austeridad, sí a la justicia fiscal) protesta contra las fuertes reducciones de personal para la recaudación de impuestos en 27 países de la UE.
El Consejo Global Unions ha aprobado unánimemente la justicia fiscal como prioridad clave de la campaña Servicios Públicos de Calidad: ¡Pasemos a la acción!
Pavanelli añade: “Aunque es positivo que los países del G-8 se comprometieran esta semana a combatir la evasión fiscal y los paraísos fiscales, les exigiremos responsabilidades a la hora de tomar medidas rápidas y significativas. En esta época de medidas de austeridad equivocadas que incluyen la privatización forzada y recortes en las administraciones fiscales, la corrupción creciente es un escándalo por partida doble. Pedimos al gobierno griego que ponga fin al cierre de oficinas tributarias en el país, algo que ha empezado a hacer esta semana”.
Tras la exposición reciente sobre paraísos fiscales del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los debates del G-8 sobre cómo reparar sistemas fiscales que no funcionan y el creciente descontento ciudadano en lugares como Brasil a causa del mal uso de los ingresos generados a través de los impuestos, los impuestos han pasado de ser una cuestión técnica a ser una preocupación política mundial que los/las dirigentes elegidos/as ignoran bajo su propia responsabilidad.
Todos los países necesitan recaudar ingresos por medio de impuestos para reducir la pobreza y la desigualdad a través de la financiación de servicios públicos vitales como la atención médica y la educación. Cada vez existe una mayor conciencia de que la defraudación fiscal por parte de grandes empresas socava el gasto público y de que los mismos actores y las mismas ideologías insostenibles están presentes tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.
El llamamiento de la campaña Fair Share a una movilización compartida destaca que:
Mediante un trabajo coordinado tranfronterizo, los socios del nuevo movimiento mundial a favor de la justicia fiscal están luchando para poner fin a los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y la corrupción e instaurar sistemas fiscales progresistas que sean aplicados, incluidos impuestos sobre las transacciones financieras para frenar la especulación.
Los grupos que, junto con la PSI y sus afiliadas, se han comprometido a impulsar las iniciativas de la campaña conjunta incluyen a Global Alliance for Tax Justice, el Consejo Global Unions, ActionAid, Oxfam, Jubilee South, Latindadd, Global Witness, Tax Justice Network Africa, Attac, War on Want y muchos más (ver www.gatj.org).