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25 de noviembre de 2014
“La violencia contra la mujer en el trabajo y en el sector público, no es solo el problema de las mujeres que la sufren, sino el de todos nosotros. La violencia contra una mujer, es la violencia contra el conjunto de la sociedad. La violencia es un tema de poder, pero también hay patrones culturales que hay que modificar de manera profunda”, asegura Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP).
La Internacional de los Servicios Públicos reúne a trabajadores sociales, municipales, de la sanidad y de la administración pública: los cuidadores y proveedores de servicios que son esenciales para una vida digna para las mujeres y para sus familias. Para la ISP, la violencia de género es una cuestión sindical, ya sea en el lugar de trabajo, en el hogar o en la comunidad. Las consecuencias son sombrías e incluyen problemas de salud físicos y psicológicos. La violencia puede anular la capacidad de las mujeres para participar en la vida económica, impone una mayor carga sobre los servicios públicos e impide la cohesión social.
La crisis financiera mundial y las políticas de austeridad tienen profundas repercusiones, negativas para el empoderamiento económico y social de las mujeres para lograr la igualdad de género. Las mujeres se enfrentan a los retos formidables de desocupación, congelación de los salarios del servicio público y los recortes a las pensiones, el cuidado de los niños, la maternidad y otros beneficios sociales y de bienestar. Las crisis en la producción mundial de alimentos y el cambio climático también son especialmente perjudiciales para las mujeres.
Los trabajadores del sector público están bien posicionados para promover, ejecutar y supervisar las leyes y los reglamentos que promueven la igualdad de género y la protección contra la violencia y el acoso. Aun cuando las leyes se ponen en marcha, las comunidades, y especialmente las mujeres, a menudo no son conscientes de ello. La violencia contra la mujer crea desigualdad y brechas en el desarrollo, afectando el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Junto con la sociedad civil, los sindicatos desarrollan, implementan y promuevan estrategias para eliminar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. La eliminación de la violencia requiere una fuerte intervención de las autoridades públicas con el fin de diseñar y poner en práctica las medidas de prevención adecuadas para garantizar la protección jurídica y el enjuiciamiento de los casos, y para proporcionar el apoyo y la compensación a las víctimas.
Juneia Batista, Presidenta del Comité Mundial de la ISP dice: “Es importante que las organizaciones identifiquen y aborden las desigualdades subyacentes y el abuso de poder que conduce a la discriminación y a la violencia; y que también se generen movilizaciones y actos de sensibilización contra la discriminación y la violencia, y que trabajen en medidas de prevención y protección a las víctimas de la violencia doméstica en los convenios colectivos”.
Hacemos un llamado a los estados para financiar adecuadamente e invertir en servicios públicos de calidad, que sean accesibles a las mujeres, especialmente a las mujeres víctimas de la violencia. También pedimos a todos los gobiernos apoyar un nuevo convenio de la OIT que aborda "La violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo".