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Cumbre de la ONU sobre los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes

26 Septiembre 2016
© Flickr CC/Fotomovimiento

“Los Estados tienen la responsabilidad categórica de proteger los derechos humanos de los refugiados y migrantes. Una responsabilidad que debe ser compartida de manera equitativa, concreta y sin demora”

Esta semana, nos reunimos con ocasión de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los Grandes Desplazamientos de Refugiados y Migrantes, para lograr que los Estados miembros de la ONU refuercen la cooperación internacional para compartir equitativamente su responsabilidad hacia los grandes movimientos de migrantes y refugiados. Los representantes de la sociedad civil estábamos invitados en calidad de observadores a esta cumbre de alto nivel de un día de duración.

La cumbre concluyó con la adopción de la "Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes".

Tenemos una opinión ambivalente respecto a la Declaración de Nueva York: Por un lado, nos llena de esperanza que los Estados miembros de la ONU reafirmen su obligación de respetar los derechos humanos y el derecho humanitario. A pesar de que el trato que reciben los migrantes y refugiados es distinto dependiendo del marco legal, todos comparten los mismos derechos humanos y libertades fundamentales universales. El marco normativo basado en los derechos continúa siendo fundamental.

Sin embargo, también tenemos nuestras dudas y nos decepciona que la Declaración de Nueva York no exprese un compromiso total y concreto respecto a la responsabilidad compartida hacia los refugiados. Ni se comprometa a acabar con la práctica de la detención mientras se determina la condición legal del inmigrante; especialmente en el caso de los niños, que representan más de la mitad de los 21,3 millones de refugiados del mundo. Esto es inaceptable. La declaración permite aumentar el control y la gestión de las  fronteras y prohibir el cruce irregular de las fronteras, a pesar de que, a menudo, implican la violación de la urgente necesidad de protección de los refugiados. Todos sabemos que muchas de las violaciones de los derechos de los migrantes y refugiados se cometen en las fronteras, debido a la ausencia de un paso seguro. La declaración pone el énfasis en la migración circular. La migración circular es una migración laboral temporal, que socava la política de migración laboral sostenible basada en los derechos y debilita el principio de la no discriminación hacia los trabajadores.

La ISP expresa su profunda preocupación por la acogida abrumadora que se ofrece al sector privado, para impulsar su participación en los servicios a migrantes y refugiados. Además, se acepta de buen grado que el Banco Mundial y los bancos multilaterales de desarrollo proporcionen fondos en condiciones favorables para el desarrollo de las comunidades afectadas. ¿Pretenden, acaso, que los países pobres, que albergan el grueso de los refugiados, tengan que solicitar préstamos para apoyar a sus comunidades de refugiados, cuando su economía está ya en deuda? ¿O se pretenden conceder estos préstamos al sector privado y que el Estado tenga que pagar el precio del fracaso de las llamadas asociaciones público-privadas?

Todos nos estamos esforzando por abordar esta situación y aplaudimos los abnegados esfuerzos de tantas ONG humanitarias y organizaciones de la sociedad civil de ayuda a los migrantes y refugiados, pero no podemos permitir que el fenómeno de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes se aborde como una oportunidad de negocio para el sector privado. Nos oponemos enérgicamente a que los refugiados y migrantes sean tratados como mercancías o como fuente de mano de obra barata. Los Estados tienen la responsabilidad categórica de proteger los derechos humanos de los refugiados y migrantes, de enfrentar el racismo y la xenofobia, de trabajar en pro de la inclusión y de garantizar que los migrantes y refugiados tengan acceso a servicios públicos de calidad y protección social. El Estado tiene la obligación inherente de respetar los derechos humanos.

Respecto a cómo hacer frente a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, nuestro mensaje es claro: los Estados tienen la responsabilidad categórica de proteger los derechos humanos de los refugiados y migrantes. Una responsabilidad que debe ser compartida de manera equitativa, concreta y sin demora.

 

Información general

La migración internacional continúa siendo una característica sustancial de la globalización. La gente se traslada por razones diversas, pero la mayoría emigra para acceder a un trabajo digno y para mejorar sus condiciones de vida. La ONU estima que hubo alrededor de 244 millones de migrantes internacionales en 2015, de los cuales más de 150 millones (62 %) son trabajadores y trabajadoras migrantes. Si bien la migración laboral puede contribuir de manera positiva al desarrollo económico y social de los países, también es fruto de las asimetrías en el nivel desarrollo entre los países ricos y pobres, que obligan a los trabajadores a luchar por encontrar trabajo fuera de su país.

En los últimos cinco años, el fenómeno migratorio se ha vuelto más complejo, debido al imparable aumento de los grandes desplazamientos de migrantes, de personas desplazadas internamente y refugiados. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, a finales de 2015 se desplazaron más de 65 millones de personas en todo el mundo, huyendo de la persecución, el conflicto, la violencia y las violaciones de los derechos humanos ​—un aumento de 5,8 millones respecto al año anterior— y se espera que estas cifras continúen creciendo.

Del total de personas desplazadas en todo el mundo, 21.3 millones son refugiados, de los cuales más de la mitad (51 %) son menores de 18 años. A pesar de la controversia que está suscitando la afluencia de refugiados a los países industrializados, lo cierto es que los países en desarrollo albergan ya al  86 % de los refugiados del mundo (13.9 millones), sin olvidar que hay 4.2 millones de refugiados en los países menos desarrollados. Por lo tanto, la distribución justa y equitativa de la responsabilidad de proteger a los refugiados y la obligación de respetar los derechos humanos debe continuar siendo una prioridad política.

Paralelamente a la crisis humanitaria, nos acechan las  graves amenazas del cambio climático y los desastres naturales. Entre 2008 y 2014, 18,4 millones de personas se quedaron sin hogar debido a catástrofes climáticas. Se estima que, para el año 2050, unos mil millones de personas se habrán visto obligadas a desplazarse en todo el mundo debido a desastres naturales, si no disminuyen las emisiones de carbono y los factores que contribuyen al cambio climático.

En los próximos años seremos testigos de más desplazamientos humanos provocados por factores graves, como la pobreza extrema, los regímenes represivos, las asimetrías en el desarrollo, los desastres climáticos y las guerras.

Estos factores nos enfrentan a un conjunto desafíos nuevos y más complejos. La migración laboral continúa siendo muy importante, aunque ahora se entrelaza con la crisis de humanitaria de los refugiados y la amenaza de más desplazamientos. Esta situación requiere un análisis más profundo, una mayor cooperación y estrategias mejores, que permitan seguir defendiendo los derechos humanos y laborales, el desarrollo sostenible, la justicia social y la inclusión.

La Cumbre de Alto Nivel de la ONU no es más que la puesta en marcha de un proceso de consultas intergubernamentales y multisectoriales, que se prolongará durante dos años, y culminará con la adopción, en 2018, de dos importantes pactos internacionales: el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada.

Durante los próximos dos años, hasta la adopción de estos dos grandes pactos mundiales, la ISP colaborará con el sistema de las Naciones Unidas. En concreto, trabajaremos con la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Refugiados, la Secretaría de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el resto de las agencias de la ONU y organismos regionales con atribuciones en materia de migración.

Vamos a fortalecer las alianzas dentro del movimiento sindical y con la sociedad civil, para defender el enfoque basado en los derechos a lo largo del mencionado proceso de consultas internacionales. Vamos a trabajar con las autoridades locales, con los ayuntamientos y los municipios que, junto con nuestros miembros, son quienes reciben en primera línea a los migrantes y refugiados y les facilitan el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda, el registro de documentos, el agua, el saneamiento, la atención infantil y los servicios sociales, entre otros.

Al tiempo que colaboramos para enfrentar las repercusiones de los grandes flujos de migrantes y refugiados, debemos continuar abordando las causas subyacentes y los factores que impulsan la migración, con el fin de mejorar las políticas socioeconómicas, de manera que la migración se convierta en una opción y no en una necesidad.

Por lo tanto, mantenemos el crucial compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, para cuyo cumplimiento resultan indispensables los servicios públicos de calidad.

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