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A pesar de haber expresado en repetidas ocasiones nuestra preocupación por las repercusiones de la privatización sobre los derechos humanos y la justicia social, en la agenda se sigue impulsando enérgicamente la financiación privada y la participación del sector privado. La ISP condena la tendencia mundial hacia la privatización de los servicios públicos, que ha privado a tantos millones de personas de sus derechos humanos fundamentales, y reafirma que el acceso universal a los servicios públicos de calidad contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad y a la expansión del trabajo digno, al tiempo que promueve la integración y la cohesión social.
Considerando las diferencias existentes entre los distintos regímenes jurídicos nacionales e internacional a la hora de exigir responsabilidades a las compañías transnacionales y otras corporaciones por su participación en los abusos cometidos contra los derechos humanos;
Tras haber analizado las pruebas que revelan que determinadas categorías de actores del sector privado y políticas del desarrollo que las promueven son responsables de una serie de abusos sistemáticos contra los derechos humanos que minan los esfuerzos por promover un desarrollo sustentable;
Recordando que la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos radica en el Estado y que el Estado tienen la responsabilidad de proteger frente a los abusos contra los derechos humanos cometidos por terceras partes que se encuentren bajo su jurisdicción, como las corporaciones transnacionales que operan dentro y más allá de sus fronteras;
Reconociendo que la proliferación de los acuerdos de comercio internacionales y los mecanismos de solución de conflictos entre inversores y Estados socavan la soberanía de los Estados y limitan su espacio político, al tiempo que protegen los intereses de los inversores extranjeros por encima de los derechos humanos, el interés público y el medio ambiente;
Y observando la historia de las instituciones financieras internacionales, que utilizaron los créditos para imponer medidas de austeridad y políticas de ajuste estructural que destruyeron las redes de protección social y exacerbaron la pobreza;
Los grupos de la sociedad civil reclaman la inclusión de las siguientes salvaguardias y condiciones en los mecanismos de implementación y financiación de los ODS:
Firmada por Internacional de Servicios Públicos / Proyecto Planeta Azul / Educación Internacional / Instituto Transnacional / Franciscanos Internacional / Hermanas de la Misericordia, Mercy International Association /