27 de junio - Día de acción por Colombia

Aunque las cifras indican una importante reducción en el número de muertes anuales, al contrario el número de amenazas en contra de sindicalistas no ha disminuido significativamente, dejando claro que, en Colombia, ser sindicalista sigue siendo una ocupación de riesgo.

La violencia busca debilitar al sindicalismo, que es una fuerza animadora de las luchas sociales. Debido al carácter generalizado y sistemático de la violencia antisindical en Colombia, hay que calificar los crímenes cometidos contra los sindicalistas como crímenes contra la humanidad.

La violencia se muestra en dados concretos, en lo que va del año al menos cuatro sindicalista han sido asesinados. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC   LUIS MIGUEL MORANTES ALFONSO  y  el Presidente de la Unión Sindical Emcali - USE    ADOLFO DEVIA PAZ, fueron víctimas de un atentado en la Ciudad de Cali, por desconocidos.

Varias organizaciones y dirigentes sindicales han recibido amenazas de muerte como fue el caso de las amenazas enviadas por el grupo paramilitar Los Rastrojos en contra de dirigentes de SINTRAMIENERGÉTICA, FUNTRAENERGÉTICA, SINTRACARBÓN, así como a otras organizaciones de derechos humanos tales como FUNDACIÓN ARCO IRIS, CPDH, MOVICE, CODHES, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO y el PDA.

Los compañeros de la Confederación General del Trabajo – CGT JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA, Presidente,  WILLIAN MILLÁN, Vicepresidente, MIRYAM LUZ TRIANA ALVIS, Secretaria General, así como otros cuatros compañeros del Comité Ejecutivo, ALBERTO GUZMÁN, JAIME CORTEZ, NICOLÁS HERNÁNDEZ y ALEX ORTIZ, también recibieron amenazas de muerte, esta vez por parte de las FARC.

También han recibido amenazas varios dirigentes sindicales en el VALLE DEL CAUCA, del sector del azúcar e informal, así como dirigentes regionales en NORTE DE SANTANDER, BOLÍVAR, CIÉNAGA y LA LOMA. En estos casos no se pudo precisar la autoría de estas amenazas.
El 90% de estos crímenes permanecen bajo la impunidad: los participantes directos e indirectos no están siendo investigados. Aún en los casos en los cuales hay condenas de unos pocos perpetradores directos, aquellos que forman parte del liderazgo militar y político gozan de total impunidad, aunque sean los principales responsables de esos crímenes.

Las centrales sindicales colombianas y el movimiento sindical internacional reiteran que la libertad sindical en Colombia es cada día más precaria, en contravía de las obligaciones que el Estado debe cumplir de buena fe.

Señor Presidente:

Desde hace varios años, el gobierno colombiano ha establecido políticamente distintos mecanismos, con el fin de despojarse de la responsabilidad que le asiste legal y constitucionalmente sobre las garantías para el ejercicio político y sindical de los ciudadanos y ciudadanas colombianas, con el fin de connotar nacional e internacionalmente que la situación de Derechos Humanos en Colombia ha cambiado positivamente y que está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales.

Igualmente ha adquirido compromisos con el gobierno estadounidense, para conseguir la aprobación del Tratado de Libre Comercio, a través de la creación de un Plan de Acción Laboral (conocido popularmente como el Plan Obama-Santos) que incluía medidas orientadas a mejorar las condiciones para la práctica del sindicalismo que, sin embargo, aún no se está cumpliendo.

Es de extrema importancia promover el ejercicio sindical en Colombia como un valor democrático y romper el imaginario que vincula el sindicalismo con guerrilla. Asegurar plenas garantías políticas para el ejercicio sindical tanto de los trabajadores y trabajadoras afiliadas como de quienes integran las instancias de dirección de las organizaciones sindicales. Además, proteger la vida e integridad física de las y los sindicalistas, en conformidad con en cumplimiento del mandato constitucional, y de los acuerdos, convenios y recomendaciones de los organismos internacionales sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia.

Es necesario recordar que el gobierno debe promover un verdadero acuerdo de paz que lleve a la construcción de una sociedad pacifica y a la reparación individual y colectiva de las victimas afectadas por los años de conflicto en Colombia.