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Este es el mensaje que envío la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para conmemorar el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante.
Conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos, catástrofes climáticas, pobreza extrema y desempleo continúan obligando a millones de personas a abandonar su hogar, en busca de seguridad y de oportunidades de vida. Hay casi 250 millones de migrantes internacionales en la actualidad, más de la mitad de los cuales migran por motivos laborales. A esta cifra hay que añadir en torno a 66 millones de personas desplazadas forzosamente debido a la violencia, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos
“La situación en Libia de las personas esclavizadas, de los migrantes subastados como mano de obra forzosa, hacinados en campamentos, golpeados y maltratados por contrabandistas y traficantes de seres humanos atormenta nuestras conciencias como seres humanos”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos.
“Lamentablemente, Libia no es un caso aislado. Los migrantes arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo, perecen atravesando desiertos implacables, como el del Sáhara y el de México, o resultan heridos en su intento de llegar a Europa saltando las vallas con alambre de púas. Más de 6700 musulmanes rohingya, entre ellos 730 niños, han sido asesinados mientras huían de la violencia. La lista es interminable”, afirma.
“Mientras presenciamos horrorizados estas tragedias diarias, la Unión Europea está hipócritamente paralizada por la inercia. Los Gobiernos europeos están pagando para crear nuevas barreras en Turquía, en Túnez, en Libia, en Níger y, de hecho, están trasladando sus fronteras fuera de Europa, para blindar sus territorios como una fortaleza. La Administración estadounidense está decidida a construir un muro en la frontera mexicana para impedir la entrada de migrantes y aprobó una ley que amenaza con deportar a los niños migrantes, al tiempo que abandonó las negociaciones de las Naciones Unidas para la firma de un Pacto Mundial sobre la Migración. Estas políticas están difundiendo el miedo, la xenofobia y el racismo, desestabilizando la cohesión social y política y socavando la paz y la seguridad”, afirma Rosa Pavanelli.
En 2016, la Asamblea General de la ONU ordenó el establecimiento de un Pacto Mundial sobre Migración que configure un marco de principios, compromisos y acuerdos entre los Estados miembros y abarque todas las dimensiones de la migración internacional, para su adopción por la ONU en 2018.
“Dentro de un año, las Naciones Unidas contarán con un Pacto Mundial sobre Migración. El proceso no resultará fácil y debemos esperar grandes dosis de compromiso. Sin embargo, lo que no puede ponerse en tela de juicio es el compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sustentable, para salvar vidas y preservar la dignidad de cada migrante, sin discriminación de ningún tipo,” afirma.
“Necesitamos un Pacto Mundial sobre Migración que proteja los derechos humanos y aborde las causas raíces de la migración forzosa. No un pacto mundial que legitimice la migración temporal y circular, deficiente desde el punto de vista de los derechos humanos. Tampoco puede ser un pacto que promueva la migración como herramienta de desarrollo, porque ese es un modelo de desarrollo fallido, que perpetúa los desequilibrios entre los países ricos y pobres”, subraya Pavanelli.
“Para que el Pacto Mundial sea efectivo tiene que abordarse paralelamente a los esfuerzos encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las asimetrías económicas, el subdesarrollo, el cambio climático, las desigualdades estructurales, la pobreza, los derechos humanos y sindicales, la democracia y la paz. La clave para todo ello son unas sólidas políticas sociales y de acceso a servicios públicos de calidad”, subraya.
“Sabemos que los movimientos masivos de personas y la migración tienen lugar como resultado de estos motores. Pero lo alarmante de esta tendencia es el fenómeno en auge del “negocio de la migración”. Los Estados están deshaciéndose de sus obligaciones humanitarias y de derechos humanos y subcontratándolas a compañías y negocios privados. Centros de recepción, refugios, atención sanitaria, servicios sociales y servicios de detención se han convertido en un negocio rentable para estas compañías”, advierte Pavanelli.
La ISP, la Federación Europea de Sindicatos del Servicio Público (FESSP) y la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), publicaron conjuntamente el informe titulado, Privatisation of Migration & Refugee Services & Other Forms of State Disengagement, que documenta la extensión y la repercusiones de la privatización de estos servicios sobre los derechos humanos de migrantes y refugiados en las comunidades de acogida y sobre los trabajadores y trabajadoras que suministran dichos servicios.
El informe está disponible aquí (en inglés)
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