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Comprobamos que en muchos países la población trabajadora está pagando proporcionalmente más impuestos que las grandes empresas y la gente más adinerada. Impuestos regresivos, como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que gravan los alimentos o el combustible, cargan más sobre las mujeres y las personas más pobres.
Las corporaciones se benefician directamente de los servicios que pagamos todos mediante los impuestos: disfrutan de mano de obra capacitada, infraestructuras públicas, sistemas de transporte, sanidad pública, el imperio de la ley, y mucho más. Sin embargo, con la ayuda de las grandes firmas de auditoría, las multinacionales son capaces de aprovechar las lagunas legales de los distintos países, para trasladar sus beneficios al país del mundo que menos impuestos les cobre. La evasión fiscal corporativa se calcula hoy por miles de millones de dólares anuales. Por ejemplo, un reciente estudio revela que McDonald’s reestructuró sus operaciones en Europa para evitar pagar impuestos por valor de mil millones de euros a lo largo de cinco años.
Más de 340 compañías como McDonald’s, Pepsi, IKEA o FedEx, crearon complejas estructuras corporativas y negociaron acuerdos secretos con Luxemburgo para evitar pagar impuestos. Esto tiene repercusiones especialmente devastadoras para los países en desarrollo. En un mundo globalizado es indispensable pagar los impuestos allí donde realmente tiene lugar la actividad económica.
La Alianza Global por la Justicia Fiscal está instando a los gobiernos a que se comprometan a introducir reformas fiscales progresivas y a celebrar una mesa redonda ministerial sobre la cooperación fiscal en el marco de la agenda oficial de la reunión de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar en Adís Abeba. Además, aboga por el establecimiento de un organismo intergubernamental inclusivo en el marco de la ONU, encargado de abordar los asuntos fiscales, donde puedan sentarse en pie de igualdad todos los países. Dicho organismo podría iniciar y liderar las negociaciones encaminadas a la firma de un nuevo convenio marco de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional en asuntos fiscales.
La Alianza Global por la Justicia Fiscal y los sindicatos están, además, colaborando para organizar un Día Mundial de Acción por la Justicia Fiscal, coincidiendo con el Día Mundial de los Servicios Públicos, el 23 de junio.
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